El Salvador Conmemora Dos Años del Régimen de Excepción: Acabando con las pandillas
Hoy, El Salvador marca un hito significativo al conmemorar dos años desde la implementación de un régimen de excepción, un período caracterizado por acciones enmarcadas en una «guerra contra las pandillas», según palabras del presidente Nayib Bukele. Esta medida, que ha sido objeto de controversia debido a acusaciones de violaciones a los derechos humanos, ha influido en el panorama político y social del país centroamericano.
El 27 de marzo de 2022, la Asamblea Legislativa, bajo la dirección del oficialismo, aprobó la implementación de este régimen, suspendiendo ciertas garantías constitucionales, como el derecho a la defensa. Desde entonces, más de 78.000 personas han sido detenidas en el marco de esta iniciativa.
A pesar de las críticas por presuntas violaciones de derechos, esta polémica medida ha contribuido a la disminución de la tasa de homicidios en el país, una tendencia que ya se observaba desde 2015. Sin embargo, las restricciones gubernamentales en el acceso a las cifras y los cambios en la metodología de recopilación de datos hacen difícil evaluar el verdadero impacto de esta reducción y la prevalencia de otros delitos.
El presidente Bukele ha utilizado el régimen de excepción como un pilar fundamental en su estrategia política, tanto en campañas electorales como en la consolidación de su poder. Su partido, Nuevas Ideas, obtuvo una amplia mayoría en las elecciones recientes, asegurando el control del Ejecutivo y del Congreso. Este dominio absoluto en los tres órganos del Estado ha generado preocupaciones sobre el equilibrio de poder y el respeto a las instituciones democráticas.
Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y la Fundación para el Debido Proceso han expresado su preocupación por el impacto de estas medidas en los derechos fundamentales de los salvadoreños. Han recibido miles de denuncias de violaciones, incluyendo detenciones arbitrarias y casos de tortura, así como la muerte de más de 200 detenidos bajo custodia estatal.
Ante este panorama, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está preparando un informe sobre el impacto del régimen de excepción en los derechos humanos en El Salvador, el cual se publicará en mayo próximo. Este informe buscará abordar de manera integral las preocupaciones planteadas por diversas organizaciones y actores de la sociedad civil.
