INTERNACIONAL

Fiscalía pide cinco años de prisión para el presidente de Samsung por supuesto fraude

 

La fiscalía surcoreana ha solicitado una condena de cinco años de prisión para el presidente ejecutivo de Samsung Electronics, Lee Jae-yong, en relación con presuntos delitos de fraude contable y manipulación de precios de activos bursátiles durante la polémica fusión en 2015 de dos empresas del conglomerado empresarial. En la última vista del juicio ante un tribunal del Distrito Central de Seúl, los fiscales también han propuesto una multa de aproximadamente 500 millones de wones (unos 385,000 dólares).

Los investigadores sostienen la hipótesis de que se infló artificialmente el valor de Cheil Industries, una de las empresas fusionadas y en la que Lee era el accionista mayoritario, mientras se devaluaba la otra compañía implicada, Samsung C&T. Según los fiscales, la supuesta devaluación de Samsung C&T resultó en pérdidas para otros inversores, y Lee es señalado como el responsable de estas presuntas irregularidades.

La fusión en cuestión fue considerada crucial para la sucesión de Lee como heredero del grupo Samsung, dado que su padre, Lee Kun-hee, había sufrido un infarto un año antes, quedando incapacitado hasta su fallecimiento en 2020. Además de los cargos relacionados con la fusión, Lee también enfrenta acusaciones de estar involucrado en la trama para inflar el valor de Samsung Bioepis, empresa de riesgo compartido entre la estadounidense Biogen y Samsung Biologics, subsidiaria de Cheil.

Lee ya cumplió más de dos años y medio en prisión por su participación en la trama de corrupción que llevó a la destitución de la expresidenta surcoreana Park Geun-hye en 2017. Fue liberado en 2021 gracias a una amnistía del Gobierno que argumentó un «interés nacional» debido a la importancia de Samsung como el mayor grupo empresarial de Corea del Sur.

Se espera que el tribunal emita su veredicto sobre este caso relacionado con la manipulación de activos bursátiles, iniciado en 2020, a principios del próximo año. La resolución podría tener importantes repercusiones en el panorama empresarial y legal de Corea del Sur.

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