Ya rige el estado de emergencia en la macrozona sur

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Desde este miércoles, y durante 15 días, rige el estado de excepción constitucional de emergencia en las provincias de Biobío y Arauco, en la Región del Biobío, y las de Malleco y Cautín, las dos que conforman La Araucanía, tal como había anunciado ayer el Gobierno.

El decreto fue publicado esta tarde, en la segunda edición del Diario Oficial.

El Presidente Sebastián Piñera designó como jefes de la Defensa Nacional al contraalmirante Jorge Parga, de la Armada, para los dos provincias del Biobío, y al general de Brigada Lionel Curti, del Ejército, para La Araucanía.

Ambos asumirán el mando de las Fuerzas Armadas en esas zonas «para los efectos de velar por el orden público y de reparar o precaver el daño o peligro para la seguridad nacional que haya dado origen al estado (de emergencia), debiendo observar las facultades administrativas de las autoridades institucionales colocadas bajo su jurisdicción y, en particular, las correspondientes a los respectivos Delegados Presidenciales Regionales», detalla el documento.

«En especial, las Fuerzas Armadas podrán desplegar unidades aéreas, terrestres y/o marítimas para prestar apoyo logístico, de vigilancia, de transporte y tecnológico a los procedimientos policiales a desarrollarse en las zonas declaradas en estado de emergencia», complementa.

No obstante, el decreto establece expresamente que las FF.AA. «no podrán llevar a cabo procedimientos policiales de manera autónoma y directa, sin perjuicio de lo dispuesto en el decreto supremo Nº 8, de 2020, del Ministerio de Defensa Nacional«, el cual regla los usos de la fuerza de las FF.AA. en los estados de excepción constitucional en ámbitos como, entre otros, la «legítima defensa».

Entre sus demás facultades, podrán «dictar normas tendientes a evitar la divulgación de antecedentes de carácter militar; autorizar la celebración de reuniones en lugares de uso público, cuando corresponda, y velar por que tales reuniones no alteren el orden público; controlar la entrada y salida de la zona declarada en estado de emergencia y el tránsito en ella; dictar medidas para la protección de las obras de arte y de los servicios de utilidad pública, centros mineros, industriales y otros; e impartir todas las instrucciones para el mantenimiento del orden interno dentro de las zonas bajo su jurisdicción».