Estallido social: general Ricardo Yáñez recurre al TC para suspender su formalización
Este viernes, el Director General de Carabineros, Ricardo Yáñez, acudió al Tribunal Constitucional con el objetivo de suspender su formalización que estaba fijada para el próximo 7 de mayo.
Cabe mencionar que se trata de la causa por la eventual responsabilidad de mando en las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social de 2019.
Más en detalle, el líder de Carabineros será sometido al levantamiento de cargos por el delito de omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio en las manifestaciones.
En el requerimiento señalado, Yáñez expresa que según la investigación llevada por el Ministerio Público, «tiene una entidad y características que la distinguen de cualquier otra investigación común y corriente», esto, considerando que se le investiga por su calidad de exdirector de Orden y Seguridad de Carabineros de Chile, «como autor de 952 supuestos delitos omisivos – múltiples de apremios ilegítimos».
Con ello, Yáñez argumenta que «según las estadísticas oficiales de Carabineros de Chile, las causas que registran sentencias condenatorias en contra de Carabineros, por diversos hechos propios del uso de la fuerza, son 55 a lo largo de todo el territorio nacional, información que es coincidente con la estadística manejada por el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, información que es de público conocimiento».
Según el General Director de Carabineros, «nunca se nos ha señalado, ni sabemos cómo el Fiscal Regional Armendariz y la Fiscal Chong me pueden importar por esa cantidad de hechos».
En ese sentido, Yáñez también agrega que «la investigación se funda en una elaboración de un tipo penal artificioso, alambicado que sostiene una pretendida responsabilidad de mando (o del superior) que no es un elemento objetivo el tipo penal de apremios ilegítimos».
Entre otros puntos, Ricardo Yáñez asegura que «se me estaría sometiendo a un procedimiento irracional e injusto, ya que nunca se me han dado a conocer los cargos que se me imputan, lo que es un requisito esencial del debido proceso, y se me impide de esta manera ejercer una defensa material y técnica».
