Gobierno argentino quitará ayudas sociales a quienes asistan a protestas
Quienes hayan "promovido, instigado, organizado o participado de los cortes" de calles perderán todo tipo de beneficios estatales.
El Gobierno de Argentina confirmó este lunes que aquellos beneficiarios de planes sociales que asistan a marchas de protestas dejarán de cobrar esa ayuda estatal y afirmó que el Ejecutivo buscará eliminar la intermediación de organizaciones sociales para el otorgamiento de esos subsidios.
«Los únicos que no van a cobrar el plan son los que vayan a la marcha y corten la calle. Ya lo dijo el presidente (Javier Milei): el que corta no cobra», advirtió la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en un mensaje grabado.
Con vistas a la protesta convocada para el 20 de diciembre por movimientos sociales y partidos de izquierda, la ministra señaló que, si bien manifestarse es un derecho, también lo es «respetar el derecho de las personas a circular libremente».
«Todos aquellos que hayan promovido, instigado, organizado o participado de los cortes, perderán todo tipo de diálogo con el Ministerio de Capital Humano», advirtió Pettovello.
La ministra adelantó que se hará una auditoría a todas las organizaciones que entreguen planes sociales con vistas a la eliminación de la intermediación en la concesión de estas ayudas que paga el Estado a sectores de la población vulnerable y sin empleo.
La ministra indicó que nadie puede obligar a un beneficiario de un plan social a ir a una marcha bajo la amenaza de dar de baja el beneficio.
Además, cuestionó a las «madres» beneficiarias de planes que llevan a sus hijos a las marchas y sostuvo que es «innecesario» exponer a los niños «al calor y a la violencia de las manifestaciones».
El pasado jueves, la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, anunció que las fuerzas federales de seguridad intervendrán para impedir cortes de calles y carreteras y bloqueos a empresas como forma de protesta sindical o social.
Las protestas sólo podrán hacerse sobre las veredas (aceras) y las fuerzas de seguridad aplicadas al operativo podrán portar armas de fuego, un protocolo que fue rechazado por las organizaciones sociales.
