Congreso de Perú censura a ministro del Interior por los índices de delincuencia
El pleno del parlamento tomó la decisión por amplia mayoría tras considerar que Romero tenía una “manifiesta incapacidad técnica de liderazgo y falta de idoneidad para el ejercicio del cargo”.
Durante el debate que se desarrolló antes de la votación, la mayoría de los representantes de distintas bancadas criticaron a Romero por el aparente fracaso de las políticas de lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.
De esa manera, el ministro se convirtió en el primer miembro del Ejecutivo de Boluarte, quien asumió la jefatura del Estado el 7 de diciembre pasado, que es censurado por el Congreso peruano.
La medida se tomó mientras la gobernante participa en la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC), en la ciudad estadounidense de San Francisco, donde Perú recibirá la Presidencia pro tempore del organismo, cuya cumbre de líderes organizará en 2024.
Tras la decisión del Legislativo, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, envió una comunicación a la gobernante para que cumpla con lo que ordena la Constitución y el reglamento del Legislativo, que indican que se debe aceptar la dimisión de un ministros censurado “dentro de las setenta y dos horas siguientes”.
La decisión se aprobó a pesar de que el Gobierno anunció este miércoles que iba a extender el estado de emergencia que dictó en tres distritos de Lima, entre ellos el populoso San Juan de Lurigancho, para enfrentar a la inseguridad ciudadana.
Sin embargo, gran parte de los legisladores aseguraron que esa medida ha fracasado porque diariamente se siguen produciendo robos, asaltos, secuestros, extorsiones y asesinatos en esas jurisdicciones.
Este martes, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, había respaldado el trabajo de Romero y pedido al Congreso que haga “una reflexión adicional” y tome “una decisión que no signifique la censura contra el ministro”.
Su permanencia en el cargo también fue apoyada por 35 alcaldes de distritos de Lima, que suscribieron un comunicado en el que señalaron que censurarlo no resolvería “la problemática tan aguda en inseguridad ciudadana” en la capital peruana y otras localidades del país.
