Tribunal autorizó traslado de Luis Castillo a la cárcel de La Serena
El Juzgado de Copiapó accedió a la petición de Gendarmería, que lo calificó como un "reo peligroso" dentro del penal de esa ciudad.
A casi un año de que abandonara la cárcel de La Serena producto del indulto otorgado por el Presidente Gabriel Boric, Luis Castillo regresará a ese recinto para cumplir la prisión preventiva dictada en su contra por un caso de secuestro extorsivo y robo con violencia formalizado este mes en Copiapó.
El Mercurio indicó que, después de que Gendarmería calificara al autodenominado insurrecto como un «reo peligroso», al comparar sus antecedentes con los de los reclusos con «mediano compromiso delictual» que conforman el penal de la capital de Atacama, el Juzgado de Garantía de Copiapó autorizó su traslado.
En concreto y según lo publicado por el medio radio Cooperativa, «el tribunal accedió a su petición (la de Gendarmería) y autoriza el traslado del imputado a la unidad penal de Huachalalume, en la ciudad de La Serena; esto, una vez ejecutoriada la presente resolución», consigna el acta de la audiencia, dirigida por el juez Álvaro Fernández.
La Defensoría Penal Pública, que representa a Castillo, anunció que buscará dejar sin efecto el traslado a través de un recurso de amparo que pretende ingresar el 2 de enero, jornada en que -según esa entidad- finaliza el plazo de cinco días hábiles para que la sentencia quede ejecutoriada, señala el medio nacional.
El abogado defensor Ángel Guerrero cuestionó que el juez argumentara su decisión en base a la participación del recluso en un intento de fuga en 2006, así como de la clasificación de los internos y el hacinamiento en la cárcel de Copiapó, relevando que se trata de «un imputado que no se ha visto involucrado en hechos concretos que afecten la seguridad propia y de otros«.
«El traslado del imputado no se debe a algún hecho concreto que haya puesto en riesgo su seguridad o la de terceros, contraviniéndose la presunción de inocencia, afecta la relación con su familia y entorpece las visitas que debe efectuar el defensor, mermando el derecho de defensa», subrayó el jurista.
