Nuevo Proyecto de Ley de Integración Social y Urbana crea el Ministerio de Ciudad y Vivienda

Nuevo Proyecto de Ley de Integración Social y Urbana crea el Ministerio de Ciudad y Vivienda

Intendente de Atacama y Seremi MINVU entregan detalles

 

La iniciativa busca aumentar la construcción de viviendas sociales en proyectos de integración social y densificar equilibradamente ejes estructurantes en las ciudades, facilitando el acceso de las familias a zonas mejor ubicadas y con más servicios.

El Intendente de Atacama, Francisco Sánchez, junto al Seremi Minvu, Antonio Pardo, informaron a la comunidad sobre el proyecto de ley de Integración Social y Urbana que transforma al Minvu en el nuevo Ministerio de Ciudad y Vivienda que, entre sus atribuciones y principales tareas, tiene promover la construcción de viviendas con integración social a través de densificación equilibrada en zonas con potencial de desarrollo urbano.

La iniciativa contiene cuatro pilares centrales que son: nuevas atribuciones a la cartera, la densificación en zonas de desarrollo urbano; una nueva política de “arriendo protegido”, y mayor fiscalización y modificación a las prohibiciones a viviendas sociales.

Al respecto, el Intendente de Atacama, Francisco Sánchez Barrera, señaló que “este proyecto de ley de integración social y urbana que envía el Presidente Sebastián Piñera apunta precisamente a avanzar hacia ciudades más integradas, armónicas, con mayor igualdad de oportunidades, con mayor integración social y que permitan un mejor desarrollo. Uno de los ejes de este proyecto es cambiar el nombre de Ministerio de Vivienda y Urbanismo al Ministerio de la Ciudad y la Vivienda, de manera que el cambio de nombre refleja un compromiso con un nuevo modelo de la ciudad”.

Sobre el segundo eje de este proyecto, la primera autoridad regional agregó que: “con esto se busca avanzar hacia una mayor integración social y para lograrlo debemos aprovechar mejor nuestras ciudades, logrando densificar aquellas zonas de desarrollo que son las que tienen más infraestructura. Lo que está sucediendo ahora es que normalmente la vivienda para las familias más vulnerables generalmente están en las periferias; y lo que se pretende a partir de esta iniciativa es buscar espacios que tengan infraestructuras a las que la gente más vulnerable también pueda tener acceso, que logremos una verdadera integración social”.

Por su parte, el Seremi del MINVU explicó que “el Programa de Integración que promueve esta nueva Ley permite tener una mirada distinta de la ciudad donde los programas tradicionales del Ministerio trascienden hacia un nuevo enfoque que nos permita lograr la verdadera integración en todos nuestros ámbitos de acción”, agregando que “la mirada del Gobierno del Presidente Piñera es que el país se desarrolle y para que esto suceda se deben desarrollar las ciudades haciéndose más integradas y amables donde puedan convivir distintos tipos de familias en una misma área y donde los niños compartan las mismas plazas, los parques, los mismos colegios, generando una mejor calidad de vida para todos”

El proyecto de ley de Integración Social y Urbana crea las “Zonas de Integración Urbanas” que son espacios en los que —pese a tener un plan regulador restrictivo que no permita la densificación— se establecerán beneficios normativos que podrán aplicarse siempre que sea para el desarrollo de proyectos de viviendas integradas. Aquí también se incentivará los usos mixtos, es decir, además de viviendas se buscará generar servicios, equipamiento, parques u otros espacios que se estimen necesarios para cualquier área de la zona decretada.

Además, la iniciativa faculta a los planes reguladores intercomunales para que también puedan establecer Zonas de Integración Urbana. Los beneficios de norma urbanística relacionados con Zonas de Integración Urbana definidas en el plan regulador intercomunal predominarán sobre las normas generales de un plan regulador comunal.

Nueva política de “Arriendo Protegido”

Frente al déficit habitacional cuantitativo que presenta el país, más de 393 mil viviendas según el último Censo, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo estableció una nueva política que impulsa la construcción de viviendas para el “Arriendo Protegido”. Se trata de propiedades que serán construidas y administradas por entes privados para ser habitadas por beneficiarios de subsidios de arriendo.

Para llevarla a cabo, se facultará a los Servicios de Vivienda y Urbanización (Serviu) para concesionar, mediante licitación pública, el uso y goce de terrenos de su propiedad, bajo la condición de contemplar un porcentaje de viviendas destinadas a beneficiarios del subsidio de arriendo. Una vez finalizada la concesión, el terreno y las viviendas serán restituidos a Serviu, lo que permitirá capturar la plusvalía de tales terrenos y las viviendas construidas ahí.

El Intendente Sánchez explicó que “el sueño de toda familia es tener una casa propia, pero mucha gente en las primeras etapas de su vida no sabe exactamente qué familia va a tener. Este programa permitirá entregar subsidios de arriendo mientras la persona define su proyecto de vida, su familia y su lugar de trabajo”.

“Hoy existen 12 mil subsidios que nosotros entregamos como subsidios a las familias para que postulen y les ayudemos a pagar su renta de arrendamiento, pero nos falta oferta. Lo que haremos es someter a discusión del Congreso para que, por ejemplo, el suelo público —donde el Serviu sea propietario —, se puedan construir viviendas de arriendo, y sean administrados, construidos, para que luego de unos años vuelvan al Fisco a través de un sistema de concesiones. Queremos generar mayor oferta de arriendo, queremos disminuir el déficit habitacional, y que las familias opten por su vivienda definitiva”, explicó el ministro.

Por último, y como parte de este proyecto de ley, se fortalecerá la fiscalización de viviendas obtenidas con subsidios, que están desocupadas o están siendo utilizadas para fines distintos a los acordados. En paralelo, en el proyecto se establecen excepciones al plazo de prohibición de venta de una vivienda que haya sido objeto de subsidio, que actualmente es de 5 años o más, dependiendo del subsidio recibido.

 

 

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