Tras investigaciones de la PDI, detectives lograron la detención de 10 imputados por delitos de secuestros en diferentes ciudades del país. De los cuales, nueve son de nacionalidad venezolana y solo uno es chileno.
La Policía de Investigaciones (PDI) informó la detención de 10 imputados, en el marco de las investigaciones por 5 delitos de secuestro ocurridos entre abril y octubre de este año.
De los cuales, “nueve son de nacionalidad venezolana y uno de nacionalidad chilena. Por su responsabilidad como autores de distintos delitos de secuestro”. Así lo indicó el Subprefecto Hassel Barrientos, jefe de la BIPE Antisecuestros.
Esto como resultado de los procedimientos realizados por los detectives de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (Bipe) Antisecuestro, en coordinación con las fiscalías Sur, Centro Norte y de Los Vilos. Los que fueron llevados a cabo en las regiones del Biobío, Ñuble, Valparaíso, Coquimbo y Metropolitana.
Donde también, según informó el subprefecto, “se logró la incautación de diversa evidencia relacionada con estos delitos. Además de logística utilizada para la ejecución de estos mismos delitos”. La banda criminal operaba en distintas ciudades del país.
Delitos de secuestro
Por su parte, el fiscal coordinador del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios, Héctor Barros, indicó que “el delito de secuestro es uno de los delitos que más vulnera a las víctimas, toda vez que pierden su libertad y su autodeterminación”.
“Siempre velamos por la vida de la persona secuestrada y la idea es poder rescatarla con el menor daño posible”, apuntó.
En cuanto al caso que lleva la fiscalía Metropolitana Centro Norte, se trató de “un ciudadano extranjero de nacionalidad peruana es secuestrado por al menos 3 sujetos que lo abordaron armas de fuego”, detalló el vocero de esta misma, Rodrigo Barrera.
Esta víctima estuvo 5 días en cautiverio. Barrera destacó que “hemos logrado establecer a través de las distintas líneas investigativas que estamos frente a una nueva modalidad”.
La que tiene que ver con la incorporación de ciudadanos chilenos, “a quienes se les atribuye funciones determinadas, especialmente vinculadas al ámbito patrimonial”.
