Autor de delitos de connotación sexual en contra de su hijastra fue condenado a cumplir pena efectiva de cárcel

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Investigación de la Fiscalía de Atacama permitió acreditar los hechos denunciados que ocurrieron en Copiapó.

 

La Fiscalía de Atacama obtuvo pena efectiva de cárcel en contra de un imputado, quien fue investigado luego de una denuncia que alertaba de su actuación en hechos de carácter sexual en contra de la hija de su pareja.

La investigación fue dirigida por el fiscal adjunto de Copiapó, Guillermo Zárate Chacana, quien desarrolló diversas diligencias investigativas, junto al apoyo de funcionarios de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional. Cuyos profesionales desarrollan una atención personalizada en este tipo de investigaciones, contando con protocolos de actuación especializados en aquellos casos en que las víctimas son niñas, niños o adolescentes.

Respecto de esta causa, el fiscal comentó que los hechos denunciados lograron ser acreditados y mediante un procedimiento abreviado en el Juzgado de Garantía de la capital regional, se condenó al autor a la pena de cinco años de cárcel. Sanción que deberá ser cumplida de manera efectiva en el recinto carcelario de la ciudad.

“Para la Fiscalía estos delitos tienen una especial preocupación y se indagan velando en todo momento por la protección de la víctima, manteniendo un permanente contacto con su familia para poder contar con ellos, con el resguardo respectivo, en las distintas etapas de la investigación. Trabajo indagatorio en que además se ordenaron diligencias a la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI”, dijo el fiscal.

Guillermo Zárate indicó que en este caso el trabajo investigativo permitió demostrar que el condenado cometió hechos de connotación sexual en contra de la niña afectada, aprovechando la cercanía que tenía con ella y que en ocasiones se quedaba solo con la víctima.

Además de la sanción privativa de libertad, el imputado fue sentenciado a la inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos, someterse al registro nacional de ADN y quedar sujeto a la vigilancia de la autoridad por los diez años siguientes al cumplimiento de la pena principal impuesta. Debiendo informar su domicilio cada tres meses a personal de Carabineros.