La Diputada por el quinto distrito de Atacama, Daniella Cicardini, fue uno de los 10 parlamentarios autores y firmantes de un proyecto de resolución de la Cámara de Diputados que solicita a la Presidenta de la República la revisión de la Ley 19.992, que otorga beneficios a víctimas de derechos humanos, a fin de que garantice efectivamente una indemnización justa para ellos.
“El objetivo de esta iniciativa es por un lado la actualización de nuestra legislación interna a la Convención Internacional contra la Tortura, que fue ratificada por Chile en 1988; un reconocimiento real por parte del Estado de su obligación en estos casos; y sobre todo alcanzar una reparación económica justa y digna para aquellos que efectivamente sufrieron tanto en la época de la dictadura, lo cual increíblemente, no se encuentra garantizado actualmente por ninguna Ley”, subrayó la parlamentaria.
La legisladora recordó que, por el contario, “hoy en día se dan incluso situaciones como que el propio Consejo de Defensa del Estado opone la excepción de prescripción ante las demandas de las víctimas”, detalló Cicardini. “Todo ello no sólo contradice acuerdos internacionales, o resoluciones de la ONU en relación a la reparación de las víctimas, sino que de alguna manera perpetúa y repite el castigo y menosprecio del propio Estado hacia estas personas”, indicó
En lo concreto, el proyecto de acuerdo pide a la mandataria verificar lo establecido en la normativa 19.992, que otorga reparaciones y beneficios a victimas individualizadas en el “listado de prisioneros políticos y torturados” que forma parte del Informe sobre Prisión Política y Tortura, para permitir la adecuada compensación, hacerla con otras normas y beneficios como pensiones asistenciales; y extenderla a herederos, hijos y cónyuge sobreviviente.
