Confirman embargo por US$1,2 millones a Carlos Menem por venta fraudulenta de predio

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La justicia argentina confirmó el embargo de los bienes del ex Presidente Carlos Menem por la suma de 10 millones de pesos argentinos (cerca de U$1,2 millones), por la venta fraudulenta del predio ferial de Palermo a la Sociedad Rural Argentina durante su mandato en la década de los 90.

La resolución fue tomada el miércoles por la Cámara Federal e informada este jueves. En ella, la Segunda Sala del tribunal ratificó la sentencia del juez federal Sergio Torres.

En su fallo, la Cámara Federal sostuvo que «la maniobra -suficientemente acreditada en el marco de esta instrucción- tuvo consecuencias, efectos y perjuicios de índole económica que afectaron al patrimonio estatal en grados importantes».

Menem fue procesado «por haber sustraído ilegalmente del patrimonio estatal el Predio Ferial de Palermo, por un precio vil», reza el dictamen.

Es por ello que el ex Mandatario trasandino arriesga también una pena de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, de acuerdo al Código Penal argentino.

Los hechos ocurrieron en 1991, cuando el entonces Presidente Menem junto a su ministro de Economía Diego Cavallo, autorizaron la venta del predio ferial de Palermo, de 14 hectáreas, a la Sociedad Rural Argentina por US$30 millones, pese a que el valor de mercado era de 131.800.000 dólares.

«La actuación de Menem y Cavallo no sólo contrarió la forma de proceder impuesta por más de cien años en torno al patrimonio en cuestión; hizo lo propio con cuanto habían entendido los propios involucrados -hasta ahí- en el mismo expediente. Esas afirmaciones tornan procedente el agravio de la fiscalía vinculado a tales aspectos de los hechos», indicó el fallo.

Y cerró que «lo relevante aquí pasa, fundamentalmente, porque el autocontradictorio, repentino e inexplicado cambio de criterio respecto de las condiciones necesarias para enajenarlo -que obviamente se tradujeron en menos o nulos controles- coincidió, justamente, con el acuerdo de un precio visiblemente perjudicial para los intereses estatales».