Diputados aprueban acusación constitucional: Víctor Pérez queda suspendido a la espera del Senado

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Libelo avanzará a la Cámara Alta, que definirá el futuro político del titular de Interior. En su defensa, Pérez aseguró que haber invocado la Ley de Seguridad del Estado frente al paro de camioneros habría «agravado» el conflicto, mientras que su abogado acusó un intento por «inmovilizar» al gobierno a través de reiteradas acusaciones constitucionales.

 

Suspendido del cargo quedará el ministro del Interior, Víctor Pérez. Esto luego que la Cámara de Diputados aprobara por 80 votos y 74 en contra la acusación constitucional en su contra.

Con este paso el libelo avanzará al Senado, que en las próximas semanas definirá el futuro político del titular de Interior. 

En caso de que dos tercios de los integrantes de la Cámara Alta aprueben uno o más capítulos del libelo, Pérez será removido del cargo y no podrá ejercer cargos públicos por al menos 5 años

Los parlamentarios acusadores aseguran que Pérez observó «con una excesiva tolerancia los hechos de bloqueo de rutas» de los camioneros. Además se apunta a su responsabilidad con respecto al manejo de Carabineros en las protestas y se acusa una reacción tardía frente al caso del joven de 16 años que cayó desde el Puente Pío Nono tras una embestida por parte de un funcionario de Carabineros.

Del uso «excesivo» de la acusación constitucional al «día de la marmota»: el debate de la acusación

Tranquilo dijo estar el ministro del Interior a su ingreso a la Sala, donde minutos después la nueva defensa del titular de Interior, encabezada por Gabriel Zaliasnik, anunciaría que no invocaría la cuestión previa, por lo que se pasó directo al fondo de la acusación.

La sesión comenzó con la exposición del diputado acusador, el DC Gabriel Ascencio, quien acusó vulneraciones al principio de igualdad ante la ley, asegurando que el uso de herramientas como la invocación de la Ley de Seguridad del Estado o el uso de la fuerza pública se hace «dependiendo de la posición o ideología política» de quienes se manifiestan.

«Cuando se anuncia la toma de bienes privados, rápidamente se invoca la Ley de Seguridad del Estado, pero cuando los camioneros anuncian la estrangulación de las carreteras, tomando bienes públicos, no importa, hay relajamiento», afirmó.

Ya al final de su intervención, Ascencio remarcó que «no son las manifestaciones las que ponen en peligro la democracia, tampoco son las acusaciones constitucionales (…) la democracia y nuestras instituciones tambalean, se debilitan, cuando las autoridades de este país, como este ministro del Interior, infringen la constitución y a ley, o dejan de cumplirlas».

En respuesta, el abogado defensor de Pérez, Gabriel Zaliasnik, recordó que hace solo tres semanas estaba en la misma sala defendiendo a otra autoridad, el ex ministro Jaime Mañalich. «Es como el dia de la marmota», comentó.

El abogado acusó un uso «abusivo» de las herramientas fiscalizadoras por parte del Congreso, enfatizando que Pérez llevaba solo tres meses en el cargo cuando se anunció el libelo en su contra.

«Se trata de inmovilizar al gobierno, por la vía de anular a sus ministros», sentenció.

Posteriormente fue el propio Pérez quien pidió la palabra, asegurando que haber invocado la Ley de Seguridad del Estado frente a los camioneros habría «agravado» el conflicto. Por otro lado les recordó a los diputados DC que en 2001 fue la UDI la que forjó un acuerdo político para revertir la fallida inscripción de candidaturas parlamentarias de la DC.