Juez denunció «mafias» que torturan a imputados primerizos para exigir dinero a sus familias en Santiago 1

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Fernando Guzmán, del Primer Juzgado de Garantía de Santiago, advirtió al Poder Judicial sobre golpizas frecuentes de extranjeros a reos sin antecedentes.

 

Fernando Guzmán, juez del Primer Juzgado de Garantía de Santiago, denunció ante las autoridades una serie de presuntas torturas al interior del módulo 88 del Centro de Detención Preventiva Santiago 1, particularmente a imputados sin antecedentes.

De acuerdo a La Tercera PM, el magistrado acudió el 21 de junio pasado a ese lugar, acompañado por un funcionado de acta del juzgado, visita que tal como él señaló a los gendarmes que lo recibieron, fue de carácter extraordinario, «para inspeccionar directamente las condiciones carcelarias que hay en este recinto ante graves denuncias que se han puesto en conocimiento de nuestro tribunal».

El lunes, el juez de garantía acogió el amparo de un interno que presentaba golpes en su cuerpo, una fractura e incluso signos de que sus genitales habían sido quemados con el uso de corriente. Según su denuncia, los responsables son un grupo de reos extranjeros organizados en una banda, que lo estaban extorsionando y amenazaban con matarlo si es que su familia no les entregaba a diario sumas entre 30 mil y 50 mil pesos.

Con ese fin, los acusados enviarían a las familias videos a través de Whatsapp en los que muestran las golpizas, antecedentes que fueron verificados por Guzmán, quien decidió acudir al penal sin aviso al día siguiente.

ATAQUE EN FLAGRANCIA

Antes de llegar al módulo, el magistrado recopiló graves situaciones dentro de la cárcel, partiendo por el descontrolado hacinamiento, pues consignó en acta que cuatro internos deben compartir una cama. Asimismo, alertó sobre las deplorables condiciones de salubridad del recinto.

Una vez que arribó, Guzmán sorprendió en flagrancia a un grupo de al menos 10 internos que desvestían a un imputado en un sector cercano al baño. Tras ordenar a los gendarmes que lo acompañaban rescatar al reo, los sujetos se fueron encima del agredido, y en presencia del juez, lo amenazaron de muerte si es que abría la boca, quien finalmente guardó silencio al ser entrevistado por el funcionario.

De momento, se ha podido acreditar que las torturas se centran en módulos de imputados sin antecedentes, quienes suelen ser ubicados en los módulos 33 a 38, así como el 88, lugares donde además existe una población de cerca de 60 por ciento de imputados extranjeros.

Esto último se explica porque al ingresar un migrante a Chile, los jueces de garantía y la autoridad penitenciaria no tienen cómo saber si cuenta con un pasado criminal para poder clasificarlo según su peligrosidad, por lo que tienden a ser derivados a las celdas de «primerizos».

DENUNCIAS FORMALES

El acta levantada por Guzmán fue enviada luego a la fiscal judicial de la Corte Suprema, Lya Cabello, y también, como denuncia, al fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, quien abrió una investigación penal para esclarecer los hechos, haciendo hincapié en una posible complicidad del personal de Gendarmería para que se lleven a cabo estas torturas y extorsiones.

Apoyado por su defensor, uno de los internos -en prisión preventiva desde el 13 de junio- explicó al juez Guzmán que en un inicio estuvo en el módulo 14, por el que todos los imputados deben pasar cuando ingresan, ya que ahí se hace la cuarentena, lugar en el que habría dormido en una colchoneta con otras dos personas, y cuyos baños además estaban tapados, y desde ellos se expelía mal olor.

Posteriormente, fue derivado al módulo 34, donde comenzó a vivir «un infierno», pues se encontró con muchos extranjeros -10 a 15 dominicanos y colombianos- que lo habrían agredido y obligado a ingresar al sector de las duchas, aunque este logró escapar. Ese lugar, según corroboró Guzmán, es escogido por las bandas ya que las cámaras de seguridad tienen ahí un punto ciego.

El interno precisó que después fue trasladado por los gendarmes a lo que -según él- es una celda de castigo: el módulo 88. Allí fue nuevamente amenazado de muerte, pero esta vez por chilenos, quienes lo golpearon, desnudaron y le tomaron fotos, exigiéndole los números telefónicos de sus familiares, para enviarles audios de él pidiendo auxilio y exigir que se les pagara diariamente por mantenerlo con vida. El reo incluso entregó los comprobantes de depósitos al juez Guzmán.