Zona Norte: La crisis migratoria que desbordó al Gobierno

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Una explosiva combinación de factores ha incrementado la tensión en el norte de Chile, al punto de que el Gobierno saliente del presidente Sebastián Piñera anunció un estado de excepción en cuatro provincias fronterizas con Bolivia y Perú, como parte de un acuerdo para inducir al gremio de los transportistas a poner fin a una paralización y bloqueo de carreteras en la región.

La muerte de un camionero, en la que presuntamente estuvieron implicadas tres personas, entre ellas dos venezolanos, fue el detonante inmediato de esta nueva crisis, que en realidad no es nueva, porque ha venido fraguándose y manifestándose con bastante claridad desde hace tiempo. Brotes de xenofobia, protestas contra los migrantes y fuerzas del orden desbordadas han sido las expresiones más visibles.

«Hemos venido advirtiendo hace ya más de un año que esta una variable que iba a estallar alguna vez. Y las autoridades fueron absolutamente indolentes», dice a DW el analista político Gabriel Gaspar, quien conoce muy bien la región.

«En los últimos años han entrado al país, según los datos oficiales, cerca de 1,5 millones de inmigrantes legalmente. Si les sumamos los que han entrado de manera ilegal, tenemos que a Chile ha entrado, en los últimos años, más o menos el equivalente a un 10 por ciento de la población», explica.

Y pide imaginar qué habría sucedido, por ejemplo, en Alemania, si hubieran llegado 8 millones de inmigrantes. Gráfica así las dimensiones del problema, puntualizando que «se está llegando al límite de la capacidad para poder asimilarlos con relativa comodidad, como siempre había sido».

«Pólvora que estalló»

El mayor grupo de inmigrantes lo conforman los venezolanos, pero también hay colombianos, haitianos, dominicanos y gente de otros países que busca una vida mejor en Chile, pero se ha topado con más precariedad y un creciente rechazo.

De una «inacción prácticamente total del gobierno central» habla el sociólogo Luis Eduardo Thayer, académico de la Universidad Católica Silva Henríquez, de Santiago. «Ha habido bastante displicencia, y eso ha contribuido al enojo de la gente», afirma.

Pero diagnostica también un «cambio de la cultura con la que nos enfrentamos a la inmigración, que se ha impulsado desde la política». Se refiere a una instrumentalización del problema, en el marco de la cual se ha adjudicado a los migrantes la responsabilidad por las deficiencias en múltiples materias, ya sea de salud, de trabajo o de cobertura de la educación preescolar, canalizando hacia ellos el malestar.

«Y si a eso le sumamos situaciones de hecho muy complejas, como las que se están viviendo en el norte, tenemos una combinación que es pólvora y que estalló», dice a DW.

El problema de fondo, a su juicio, es que el Gobierno se ha centrado en una política de fronteras irrealista, y no ha desarrollado una política de integración. Por eso, considera que la nueva ley de migraciones, que acaba de entrar en vigor con la publicación de sus reglamentos, no reportará una solución.

«La crisis que se está viviendo no tiene que ver con vacíos legales, sino con la ausencia de políticas. Se va a requerir una política que permita retomar el control de la frontera y hacerse cargo de la situación de irregularidad desbordada que existe no solamente en el norte, sino también en el centro del país», considera.

La nueva ley de migraciones

Entre los aspectos de la nueva ley, aprobada ya el año pasado, se cuenta la obligación de que quienes deseen inmigrar deban pedir un visado en el consulado chileno antes de llegar a Chile, cosa que en la práctica no ha funcionado bien.

Hay retrasos en la tramitación de solicitudes y muchas se deniegan. Pero eso no necesariamente hace desistir a los migrantes, sino que muchos intentan entonces entrar por otras vías. A ello se suma el cierre de los pasos habilitados formalmente, debido en la pandemia.

«Las personas buscaron otros caminos. Así lo demuestra el crecimiento de las denuncias por ingreso clandestino que tiene la Policía de investigaciones, que se han disparado y en el último año han llegado a cerca de 50.000», indica Thayer.

Otro de los puntos de la nueva ley tiene que ver con la expulsión. «Se consagra esta idea de las expulsiones ‘en caliente’, o las reconducciones o devoluciones en la frontera. El problema es que no tienen bien trazado el mecanismo de reconducción», dice el académico chileno. «Entregan a una persona supuestamente a la Policía boliviana, pero la Policía boliviana tiene que tener la disposición de recibirla, y eso no está ocurriendo», explica.

Ambos expertos entrevistados coinciden en criticar la inacción del Estado en el asunto. Y este es uno de los muchos problemas que heredará el próximo Gobierno, que asumirá el 11 de marzo. Según Gabriel Gaspar, «están dejando un país totalmente desarticulado», Así que, advierte, «el nuevo gobierno de Gabriel Boric va a tener que enfrentar una situación de restaurar el orden público, el estado de Derecho y el pleno funcionamiento institucional en cuanto recién asuma. No va a tener ninguna luna de miel».